La vicepresidenta de Ceuta pide que Marlaska declare como testigo por la expulsión de menas marroquíes

La defensa de la vicepresidenta del Gobierno de Ceuta, Mabel Deu (PP), investigada por un presunto delito de prevaricación continuada por la repatriación de 55 menores extranjeros no acompañados (menas) de nacionalidad marroquí en agosto de 2021 al margen de lo previsto en la Ley de Extranjería, ha solicitado a la juez que instruye las diligencias que cite a declarar como testigo al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Además, tal y como han confirmado fuentes jurídicas a Europa Press, ha pedido también la comparecencia del secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, y de la entonces jefa de Gabinete de la vicepresidenta Carmen Calvo, Isabel Valdecabras.

Una de las acusaciones populares personada en la causa, la Red Española de Inmigración, ha señalado este lunes en un comunicado que «la investigación, en esta fase procesal, no puede ser escenario todavía de la incorporación de testificales del Gobierno de España». «Ahora es el momento de saber el qué y el cómo y más adelante deberán incorporarse las declaraciones de los ministerios, no sólo de Interior», ha subrayado, por lo que «no respaldará» que la solicitud de los abogados de Deu «sea prioritaria ahora».

La titular del Juzgado de Instrucción nº 2 prevé tomar declaración el jueves a la delegada del Gobierno en Ceuta, Salvadora Mateos, igual que Deu en calidad de investigada. Su citación del pasado jueves quedó suspendida tras atenderse su petición por motivos de salud.

La Fiscalía ha propuesto a la juez que cite como testigos al jefe de Gabinete y el secretario general de la Delegación del Gobierno en Ceuta, Juan Hernández e Ismael Kasrou; a la jefa de Menores de la Ciudad, Toñi Palomo; al director general de Asuntos Generales de la administración local, Francisco Pérez Hita; a la presidenta de la Fundación Raíces, Lourdes Reyzábal; a los abogados Patricia Fernández, Paloma García y Rafael Cid; a la coordinadora de SAMU en agosto de 2021 en ‘Santa Amelia’, donde estaban acogidos los menores expulsados; y al inspector jefe de la Policía Nacional en la frontera.

La Red Española ha solicitado documentación «sobre los pagos y obras realizadas tras reconocer Deu que los menores vivían en precario y sostener en su interrogatorio que corría riesgo su vida», así como «testificales de Save The Children, Amnistía Internacional, la Fundación Grupo SAMU, Engloba y el resto de actores implicados» en la acogida a los más de 1.000 menas que se quedaron en la ciudad tras la invasión migratoria de mayo de 2021.

Tanto Deu como Mateos han venido defendiendo hasta ahora en sede judicial que el mecanismo elegido para devolver a los menores sin instruir expedientes de repatriación de acuerdo con el Reglamento de la Ley de Extranjería, sino en base a un Acuerdo bilateral con Rabat de 2007 que igualmente exige «observancia estricta» de la legislación nacional, fue pactado con el Gobierno central con la implicación directa de Interior, Asuntos Exteriores, Derechos Sociales y Presidencia.

La carta sin firma en la que la Secretaría de Estado de Interior «rogaba» el inicio de los llamados «retornos asistidos» advertía, sin embargo, de que debería hacerse «protegiendo siempre los intereses de los menores implicados», algo que a ojos de la Fiscalía y de los Tribunales que hasta ahora se han pronunciado por la vía de lo Contencioso-Administrativo no se hizo.

El TSJA, por ejemplo, ha concluido que la actuación material de la administración, «exenta de las mínimas garantías procedimentales exigibles, conjuró una situación objetiva de riesgo relevante para la integridad física o moral de los menores afectados por las medidas de devolución que no desvirtúan los apelantes».

«Los actos propios de la Administración demandada -la Delegación del Gobierno- hicieron imposible el seguimiento de trazabilidad de las medidas de retorno que aplicó», dictaminó en junio en una sentencia en la que destacó que el carácter «súbito y masivo e ilegal» de la avalancha migratoria «en absoluto autorizaba al Reino de España excusar su sometimiento al imperio de la Ley».